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el lado b de mi otro blog

firmar o no firmar

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imaginen un cruce de calles donde los automovilistas se pasan el alto constantemente arriesgando a los peatones que lo atraviesan —algo fácil de imaginar en la ciudad de méxico. imaginen un grupo de vecinos automovilistas de la zona que proponen un acuerdo: ninguno se pasará ese alto. e imaginen que algunos dijeran: de acuerdo, pero hay excepciones: si al pasarnos el alto ayudamos a que la circulación vaya más rápido y lo hacemos con cuidado… ahora imaginen que en ese crucero no hay ni semáforo ni paso peatonal pintado ni ningún tipo de señal —de nuevo, cosa común en la ciudad de méxico. y un grupo de vecinos que dijera: pidamos que pongan un semáforo para los autos, otro para los peatones y que pinten el paso peatonal, pero en lo que lo hacen, actuemos como si ya estuvieran y respetemos el alto en la esquina. ahora imaginen a otro grupo de automovilistas que dijera: no, eso no está bien: si no hay semáforo no hay semáforo y cada quién puede decidir si se pasa o no; además lo hacemos siempre con precaución y con el único objetivo de beneficiar al prójimo acelerando el tránsito; nosotros somos expertos conductores y sabemos qué le conviene a todos.

ya se: mi analogía cojea por muchos lados en relación a la obra pública, las asignaciones directas y la manera de actuar al respecto de muchos arquitectos. pero ayuda.

hace tres semanas publiqué en el blog de proyecto público un texto titulado el otro lado de la democracia. básicamente retomaba una propuesta de mario ballesteros que víctor alcérreca había hecho suya: si los arquitectos nos quejamos de la manera como se planean y asignan los proyectos de obra pública y luego del modo como se construyen, hay, por supuesto —como ya se está haciendo— que buscar que las leyes al respecto cambien, que sean claras y que favorezcan procesos transparentes y la óptima rendición de cuentas. en lo que eso pasa, sugerían víctor y mario, ¿por qué no comenzamos por firmar un manifiesto donde nítidamente cada uno de nosotros se comprometa a no ser parte de proyectos públicos que no nazcan de buenas prácticas democráticas?

pareciera que la propuesta es clara: no aceptar tomar parte de proyectos de obra pública que no hayan sido planeados, gestionados y asignados mediante buenas prácticas democráticas. como la propuesta no tuvo mucho eco al principio en tuiter ni al escribir aquél texto, supuse que la causa era la dificultad de manifestar el compromiso con una simple firma. así, abrí una petición en change.orgmás que una petición —en principio no se le entregaría realmente a ningún funcionario— era lo que dice: un compromiso que se pudo haber redactado de manera sucinta diciendo: yo —y ahí la firma— me comprometo a no ser parte de proyectos de obra pública, arquitectónica o urbanística, que no nazca de buenas prácticas democráticas. claro, surge la duda de cuáles son las buenas prácticas democráticas. a mi parecer, aquellas en las que no hay dudas sobre la transparencia de las decisiones ni conflictos de interés y que se ajustan a una estricta rendición de cuentas. ¿es así?

en otro texto publicado en el blog de proyecto público con el título porque sícité un par de ensayos de norberto bobbio. en el primero, democracia y secreto, bobbio dice que “la democracia es idealmente el gobierno de un poder visible, es decir, el gobierno cuyos actos se realizan ante el público y bajo la supervisión de la opinión pública.” luego explica que contra ese principio se ejerce un poder invisible. desde afuera pero también desde dentro del gobierno, cuando se toman decisiones que benefician a particulares de manera ilícita y se mantiene la opacidad en el ejercicio del poder —lo que es, según bobbio, una negación de la democracia. en el otro ensayo, bobbio cita a kant afirmando que la injusticia de aquellas acciones que para lograrse deben mantenerse en secreto. ahí también cita a francesco guicciardini, historiador y político del siglo XV: “es increíble cuánto le beneficia a aquel que administra el que las cosas permanezcan en secreto.”

bajo esa idea, acaso simple, de buena práctica democrática, asumo que de cualquier proyecto público —de una banqueta a un aeropuerto, por ejemplo— un funcionario del gobierno debe tener la capacidad y, además, la obligación de explicar, clara y objetivamente, por qué se hizo de tal o cual manera y por qué se escogió y bajo qué criterios o procedimientos a tal o cual especialista —arquitecto, diseñador, urbanista— para realizarlo, además de poder explicar todas las decisiones técnicas que garantizan que ese proyecto es el mejor posible, en términos de eficiencia, economía, pertinencia y utilidad. si le preguntamos al presidente municipal o al delegado por qué ese proyecto hecho por tal arquitecto y de aquella manera, debe ser capaz de explicarlo con claridad y datos técnicos —y quien piense que no hay datos técnicos para explicar por qué un proyecto se hace de una manera y por cierta persona o tiene un concepto muy reducido de lo técnica o uno muy vago del proyecto.. o ambos.

¿cuántos han firmado la petición? hasta ahora 435 personas, incluyendo algunos arquitectos reconocidos. faltan más, por supuesto y faltan muchos nombres de arquitectos que sabemos han hecho o hacen ahora mismo proyectos para el gobierno. ¿por qué?

entre los comentarios que me han hecho al respecto me dicen que “esa no es la manera”, que es “demasiado radical”, que “así se divide al gremio” —curiosa idea de un par de docenas de arquitectos: pensar que se divide al gremio pidiendo que el gremio tome una actitud de bloque— y que para qué firmar si, al aceptar una comisión directa de un funcionario público, actualmente, no se viola ninguna ley —a lo que he tenido, para mi sorpresa, que responder explicando cómo una licitación arreglada, en la que se pide a un par de amigos presupuestos más altos al propio, cual se arreglan la mayor parte de estas asignaciones, es, técnicamente, un fraude. también hay quienes no firman por estar trabajando actualmente para el gobierno.

pese a la honestidad de la última postura, sorprende la tácita aceptación de la ausencia de buenas prácticas democráticas en ese tipo de encargos pues, si se tuviera la convicción de que, más allá de los vericuetos para aparentar legalidad, hay claridad, transparencia y no se incurre en ningún conflicto de interés, ¿por qué no firmar?

si suponemos que, por ejemplo, pretender arreglar en cenas privadas el posible futuro de la vivienda social, gracias a la colaboración entre funcionarios del gobierno, arquitectos y desarrolladores inmobiliarios, es un ejercicio de la máxima pulcritud democrática, transparente y sin visos de ningún tipo de conflicto de intereses, ¿por qué no firmar? —¿y por qué no hacer públicos los procesos mediante los cuáles se toman ciertas decisiones? ¿por qué, en fin, privilegiar el secreto, que tanto beneficia a quien administra?

se que en muchos esta actitud nace de una creíble buena fe: la confianza en que uno sabe y puede aportar lo que hace falta para que la sociedad, en ciertos aspectos, mejore. pero también hay buena fe del lado de quienes hemos firmado el compromiso de no aceptar proyectos de obra pública que no surjan de prácticas y métodos democráticos y pensaría que la primera “buena fe” se confunde con algo de ingenuidad —como si no supiéramos que esos métodos y el secreto que implican perjudican más de lo que benefician— y otro tanto de soberbia. muchos de quienes reciben estos encargos suponen que han sido llamados por sus probados méritos pero, curiosamente, renuncian a probarlos de otra manera —un concurso, digamos—, más allá de la envidiable habilidad para socializar con el funcionario en turno.

tampoco creo que no firmar sea resultado de una actitud pragmática: eso no es pragmatismo, o al menos no uno que suscribirían ni james ni rorty: uno que dialoga y discute la cosa pública… en público.

¿firmar o no firmar? como hasta ahora, cada uno decide. me sorprende —me molesta, incluso— la política del silencio que envuelve la decisión de no hacerlo. ¿por qué, si no se firma, no hacer públicos los motivos, no invitar a la discusión? ¿por qué no pedirle a tal o cual funcionario que explique, claramente y sin rodeos, por qué y cómo ha decidido contratar a tal o cual arquitecto, con qué mecanismos, con qué reglas, con qué beneficios para todos y cada uno?

¿firmar o no firmar? yo —que parece soy como un fundamentalista de la arquitectura— diría: firmar y, si no, de menos explicar por qué no hacerlo (el blog de proyecto público está abierto para dialogar y debatir)

termino con algunas líneas de un texto que publicó hoy jesús silva herzog márquez en el periódico reformael camino del cínico: 

El camino del cínico corroe, en efecto, la política. El cínico afirma que no depende de nadie. (…) El cinismo es la indiferencia radical al juicio de los otros. (…) El ideal es actuar públicamente sin el estorbo del honor. Hacer lo condenable sin remordimiento alguno; hacerlo pública y reiteradamente, sin asomo de rubor.

Vivimos ahí, en el paraíso de los cínicos. Lo que piensen de nosotros nos tiene absolutamente sin cuidado, nos dice, de muchas maneras, la clase política que actúa, en esto, con una sola voluntad de burla. Sus recatos no son los nuestros, nos dicen al encubrirse. Los actores políticos se sorprenden de la indignación que provocan pero están seguros de que el enfado es un reflejo pasajero que se desvanecerá muy pronto. Protegidos por las reglas, seguros por un régimen que los consiente, cobijados por una prensa que cuestiona poco, creen que es innecesaria, incluso, la apariencia de decoro.

(…)Nuestra política sigue el camino del cínico. Se ha desprendido de cualquier ambición de respetabilidad. (…) Como si el juicio colectivo fuera irrelevante, como si la indignación careciera de efectos. Como si el prestigio fuera un adorno inservible. Buscar la restauración de la confianza en este contexto es simplemente absurdo.

evitemos el camino del cínico…

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Written by ahgalvez

23/02/2015 a 22:50

Publicado en Uncategorized

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